La portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, denunció hoy que
la Junta de Andalucía asfixia por impago a los centros especiales de
empleo que trabajan para la inserción laboral de las personas con
discapacidad mientras permite el fraude en algunos centros por falta de
control. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, participó hoy en
una reunión con colectivos y asociaciones de discapacitados.
Soto explicó en rueda de prensa que Javier Arenas se ha comprometido a
trabajar desde el rigor y la seriedad, así como a garantizar la
estabilidad en las ayudas para la creación de empleo en este colectivo.
Destacó la labor fundamental que desarrollan los centros especiales de
empleo para la inserción laboral de las personas con discapacidad, que
tienen una tasa de paro que ronda el 80 por ciento.
La portavoz popular aseguró que existen demasiadas anomalías e
irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de la Consejería
de Empleo, por lo que anunció que el PP va a pedir que la Cámara de
Cuenta realice una auditoría integral de la consejería.
Soto señaló que "resulta llamativo y prueba el descontrol del
gobierno andaluz" que una empresa que ha defraudado fondos de la
Consejería de Empleo tenga la misma sede fiscal que la delegación de
Empleo en Jaén y esté ubicada en el mismo edificio. Agregó que es una
evidencia de que no existe inspección, ni garantía previa de las ayudas
ni fiscalización.
"La desgana y dejadez del gobierno andaluz –dijo- permite el fraude,
puesto que su obligación es fiscalizar, inspeccionar y garantizar el
correcto funcionamiento de las ayudas". Asimismo, se preguntó dónde está
el dinero, puesto que gran parte de estas ayudas proceden de la Unión
Europea y han llegado a la Junta de Andalucía.
La portavoz del PP andaluz afirmó que paradójicamente la Junta de
Andalucía adeuda decenas de millones de euros a los centros que
honradamente prestan sus servicios, lo que afecta a 400 centros y a más
de 2.000 personas con discapacidad.
El PP ha registrado en la Cámara autonómica la solicitud de una
comisión de investigación sobre este fraude así como la comparecencia
del consejero de Empleo, Manuel Recio. Soto señaló que Recio debe dar
una respuesta clara, ya que es "una tomadura pelo" la contradicción
entre el consejero y Griñán para intentar eludir su responsabilidad en
la falta de control. En este sentido recordó que mientras Recio afirma
que la Junta de Andalucía fue la que denunció el fraude, Griñán señaló
que el gobierno actuaría si encontrase alguna irregularidad.
